Ecuatoriana sin papeles teme perder a su hijo
Ricardo Vasconcellos R. | NUEVA YORK, EE.UU.
Sandra Punín Castillo, una ecuatoriana de 22 años, acusa a la Policía del condado de Suffolk, en Long Island, de represión discriminatoria pues, tras ser detenida el 14 de junio por no tener licencia durante un embotellamiento en Patchogue, fue enviada a las autoridades de Inmigración, que resolvieron su deportación.
La localidad de Patchogue adquirió notoriedad por haber sido el escenario del asesinato por odio racial del ecuatoriano Marcelo Lucero, el 8 de noviembre del 2008.
Tal como lo denunció el 16 de junio el periodista Ted Hesson en el diario Long Island Wins, Punín regresaba a su hogar desde South Ocean Middle School, en Patchogue, en compañía de su hijo de un año de edad, cuando se acercaron varios agentes policiales que establecieron que conducía sin licencia, lo cual es considerado una infracción menor en Nueva York.
La joven madre ecuatoriana fue detenida y entregada a las autoridades de Inmigración, las que detectaron que enfrentaba una orden de deportación por cruzar ilegalmente la frontera desde México cuando tenía 17 años de edad.
En menos de 24 horas, Punín fue llevada a un centro de detención en Manhattan y luego a una cárcel de inmigración en Elizabeth, Nueva Jersey, donde se encuentra hasta hoy en espera de su deportación.
El activista ecuatoriano Oswaldo Cabrera denunció varios casos como este en su libro Huérfanos de la Migra, en el que pide una legislación más humana, pues la que rige actualmente obliga a la disyuntiva de que los hijos de indocumentados abandonen EE.UU. al tener que salir con sus padres a sus países de origen o quedarse en el país, en manos de familiares, amigos o instituciones estatales.
En este caso, si Sandra Punín es deportada al Ecuador, su esposo Joseph, que es un ciudadano estadounidense, ya ha anunciado que también se irá de Estados Unidos.
Según el periodista Hesson, el condado de Suffolk sigue aplicando medidas drásticas más graves contra los inmigrantes indocumentados debido a la prédica violenta de su ejecutivo, Steve Levy, quien sigue culpando a los extranjeros de los problemas que afronta la comunidad, una política que está siendo investigada.
“Varios abogados de inmigración con los que he hablado dicen que es ilegal que por una infracción que merecía solo una boleta de citación, se pase a un procedimiento de deportación”, dijo el periodista.
Su abogado argumenta que era menor de edad cuando fue detenida en la frontera y que su padre podrá patrocinarla para la residencia.